La gentrificación no fue creada por Airbnb, pero la plataforma encontró un terreno fértil en ciudades ya marcadas por la desigualdad, la financiarización y la turistificación. Comprender su origen histórico permite ver que el problema no es solo tecnológico, sino profundamente estructural. Si queremos repensar nuestras ciudades como espacios de derecho, no solo es necesario regular a las plataformas, sino también desmercantilizar la vivienda, frenar la lógica especulativa del suelo y fortalecer los tejidos comunitarios -el arraigo- que resisten desde abajo.

El término “gentrificación” fue acuñado en 1964 por la socióloga británica Ruth Glass para describir el proceso mediante el cual sectores acomodados comenzaban a instalarse en barrios populares de Londres, desplazando a las clases trabajadoras originales. Esta transformación no solo implicaba un cambio demográfico, sino también cultural, estético y económico: se revitalizaban espacios antes degradados, subía el precio de los alquileres y los comercios tradicionales eran reemplazados por cafés, boutiques y servicios para una nueva clientela.

A partir de los años 70 y 80, este proceso se replicó en otras ciudades globales como Nueva York, París o Berlín, en un contexto marcado por:

• Desindustrialización urbana: el cierre de fábricas dejó vacíos importantes en los centros urbanos.

• Neoliberalismo urbano: la liberalización del suelo y la vivienda facilitó la entrada del capital privado a zonas antes marginales.

• Revalorización simbólica del centro: la vida urbana se convirtió en un objeto de deseo para las clases medias y altas, asociada al consumo cultural y la experiencia cosmopolita. 

Antes del auge de las plataformas digitales, varios factores convergieron para acelerar los procesos de gentrificación:

• Políticas públicas de “revitalización”: muchos gobiernos urbanos promovieron programas de renovación urbana que priorizaban la inversión y el embellecimiento del espacio público, a menudo a costa de los habitantes originales.

• Financiarización de la vivienda: desde los años 90, la vivienda dejó de ser solo un derecho o necesidad para convertirse en un activo de inversión. Fondos de capital y grandes propietarios comenzaron a adquirir masivamente viviendas para especular con su valor.

• Turistificación creciente: el turismo masivo transformó muchas ciudades en escenarios de consumo global. Esto generó tensiones entre la vida cotidiana de los residentes y las necesidades de los visitantes temporales.

En este contexto ya tensionado, Airbnb y otras plataformas irrumpieron con fuerza a partir de la década de 2010, ofreciendo una herramienta tecnológica que facilitó la reconversión de viviendas en alojamientos turísticos temporales. Aunque inicialmente se presentaron como modelos de economía colaborativa, en la práctica muchas de estas propiedades fueron adquiridas por inversores que las retiraron del mercado de vivienda residencial.

Airbnb aceleró y amplificó la gentrificación ya existente, al:

• Reducir la oferta de vivienda permanente, encareciendo el acceso para los residentes locales.

• Homogeneizar y tematizar los barrios, adaptándolos a una experiencia turística globalizada.

• Aumentar la rotación poblacional, debilitando los lazos comunitarios y la identidad barrial.

El modelo de negocio de Airbnb y el capitalismo de plataformas, bajo un discurso de colaboración y comunidad, reproduce formas sofisticadas de desposesión, evasión fiscal y precarización urbana.

El modelo se presenta como una oportunidad para que pequeños propietarios generen un ingreso adicional rentando espacios que tienen desocupados; pero la realidad es que quienes capitalizan el modelo son empresas y “anfitriones corporativos”. 

Las consecuencias de ello incluyen la gentrificación, el desplazamiento forzado y el desarraigo, la turistificación, la pérdida de identidad barrial y el comercio local. Todo esto, a la par de la especulación inmobiliaria.

Airbnb es parte de un ecosistema llamado Big Data que involucra el manejo y análisis de volúmenes masivos de datos que en resumen representa un modelo de poder invisible, un nuevo paradigma que reconfigura las relaciones sociales, las economías y las formas de gobierno. 

El Big Data es impulsado por un conjunto reducido pero poderoso de corporaciones tecnológicas, conocidas como las GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), a las que se suman otras como Microsoft, TikTok, Alibaba, Airbnb y Uber. Estas empresas no solo ofrecen servicios digitales: recolectan datos de miles de millones de personas en todo el mundo, a menudo sin un consentimiento informado ni una regulación efectiva.

1. Pérdida de privacidad: La vida cotidiana queda expuesta a una recolección constante de datos que capitalizan económicamente estas corporaciones. Esto erosiona la noción misma de privacidad como derecho.

2. Vigilancia algorítmica: A través del análisis automatizado, se generan perfiles de comportamiento que pueden ser usados para intereses corporativos o políticos, como ocurre en sistemas de crédito social o en prácticas policiales “predictivas”.

3. Concentración de poder: Las corporaciones acumulan una cantidad de información superior a la de la instituciones gubernamentales, que terminan contratando sus servicios y privatizando de facto la información y sus aplicaciones prácticas.

4. Ciudadanía pasiva: Cuando las decisiones de gestión pública se basan en modelos automatizados, se reduce la capacidad de deliberación democrática. El “gobierno por datos” puede volverse un modelo opaco y tecnocrático excluyente.

5. Colonialismo digital: En muchos países, la infraestructura digital ya depende de corporaciones extranjeras. El conocimiento local, los datos públicos o los recursos urbanos se extraen sin retorno significativo, reproduciendo formas de dependencia similares a las del colonialismo económico tradicional.

El capitalismo ha evolucionado hacia un sistema más peligroso, dominado por grandes corporaciones tecnológicas que actúan como nuevos señores feudales, extrayendo riqueza a través de rentas en lugar de generar beneficios mediante métodos capitalistas tradicionales. 

Ahora la economía se asemeja a un sistema feudal digital, donde los usuarios, además de participar como consumidores, se convierten en siervos modernos que generan datos y valor a dichas corporaciones.

La Ciudad de México ha experimentado un incremento de la gentrificación en las últimas décadas, impulsada por factores como la revalorización del suelo urbano, la especulación inmobiliaria y más recientemente, el auge de plataformas de alquiler de corta estancia como Airbnb.

El Centro Histórico y las colonias Roma, Condesa y Juárez, entre otras, son emblemáticas en este proceso. Desde principios de los años 2000, estas zonas han sido objeto de políticas de repoblación y renovación urbana que, si bien buscaban revitalizar áreas deterioradas, también han propiciado el desplazamiento de residentes originales. A partir de 2010, la proliferación de inmuebles destinados a renta vacacional temporal bajo plataformas como Airbnb ha intensificado esta dinámica.

Los datos disponibles indican que el precio promedio de una vivienda destinada a alquiler de corta duración puede llegar a triplicar las rentas tradicionales, con una relación renta breve/renta de largo plazo de aproximadamente 280%. Esta situación ha contribuido al desplazamiento de habitantes locales y ha exacerbado las dificultades para acceder a una vivienda asequible en la ciudad.

Lo que hemos visto en la CDMX, como en otras grandes ciudades, es que Airbnb incentiva la creación de empresas y multipropietarios que rompen con la supuesta promesa de “economía colaborativa”. Este es uno de los principales factores que favorecen los desalojos, el despojo, el desplazamiento forzado y el desarraigo; favorece la especulación y el incremento de rentas, más allá de las dinámicas de mercado convencionales. Afecta incluso a los hoteles y sobre todo a los pequeños propietarios que compiten en desventaja. 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó en octubre de 2024 una ley que limita a seis meses al año la renta de inmuebles registrados en plataformas de alojamiento digital como Airbnb. Esta medida pretende mitigar la gentrificación y la competencia desleal con los hoteles tradicionales, así como proteger el derecho a la vivienda de los residentes permanentes. Sin embargo, la implementación de esta regulación no se ha llevado a cabo en forma y las autoridades de la ciudad ya están planteando suspender su aplicación por una temporada significativa con el pretexto del Mundial 2026, que desde su óptica, representa una demanda de hospedaje supuestamente insostenible para la capacidad hotelera actual.